La transformación digital solo reducirá la desigualdad si la inclusión digital se constituye en un componente central de las estrategias de desarrollo social inclusivo en la región.
La transformación digital está cambiando la forma en que las personas aprenden, trabajan, acceden a servicios públicos y ejercen sus derechos. Y, al mismo tiempo, plantea un desafío central para las políticas públicas de la región: asegurar que, en lugar de profundizarlas, estas nuevas oportunidades contribuyan a reducir las desigualdades existentes.
Esta fue una de las principales conclusiones del Sexto Seminario Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL bajo el título "Desigualdad e inclusión digital: desafíos y oportunidades para el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe". Durante tres días, autoridades, especialistas, organismos multilaterales, academia y sociedad civil analizaron cómo la transformación digital puede ampliar las oportunidades y, a la vez, contribuir al desarrollo social inclusivo de la región.
Los datos presentados mostraron que la conectividad ha avanzado, pero de manera muy desigual entre países y al interior de ellos. En el Paraguay, por ejemplo, el 83% de los hogares del quintil de mayores ingresos cuenta con conexión a Internet, frente a solo el 12% de los hogares del primer quintil. También persisten brechas de calidad: en 2024, la velocidad promedio de descarga de banda ancha fija en la región fue de 119 Mbps, con numerosos países por debajo de ese nivel. Estas diferencias condicionan las posibilidades de estudiar, trabajar y acceder a servicios que requieren conexiones estables y de mayor capacidad.
Las discusiones destacaron que la inclusión digital va más allá de la conectividad. Requiere acceso confiable, dispositivos adecuados, competencias digitales y la capacidad de utilizar la tecnología de manera segura y provechosa.
El Seminario también subrayó que la transformación digital atraviesa todas las dimensiones del desarrollo social. La educación, la salud, la protección social, el empleo y la participación ciudadana dependen cada vez más de las capacidades digitales de las personas. Por ello, las políticas digitales no deberían desarrollarse de manera aislada, sino integrarse plenamente en las estrategias nacionales de desarrollo social inclusivo.
La evidencia presentada durante el evento confirmó que las brechas digitales son una expresión de las desigualdades sociales. El ingreso, el nivel educativo, el territorio y la edad condicionan no solo el acceso, sino también las habilidades y el uso significativo de las tecnologías. En siete países analizados, las personas de 15 a 29 años registraban niveles de uso de Internet superiores al 70%, mientras que la población de 60 años o más presentaba los niveles más bajos. Reducir estas brechas exige actuar sobre las desigualdades estructurales y fortalecer las capacidades digitales a lo largo del ciclo de vida.
Estas conclusiones se alinean con los principales mensajes de las cinco publicaciones lanzadas por la CEPAL durante el evento, que abordaron la medición multidimensional de la desigualdad, la experiencia digital de niñas, niños y adolescentes, las desigualdades educativas, la cohesión social y el fortalecimiento de los sistemas de salud.
La conclusión general del Seminario Regional fue clara: la transformación digital, por sí sola, no generará un desarrollo social más inclusivo. Sus beneficios dependerán de las decisiones de política que adopten los países para ampliar las oportunidades, fortalecer las capacidades de las personas y asegurar que las tecnologías emergentes contribuyan a reducir la desigualdad. Convertir la inclusión digital en un pilar central de las políticas públicas será esencial para construir sociedades con menos desigualdades, resilientes e inclusivas en América Latina y el Caribe.
